Salud mental en Uruguay: ¿en qué consiste la Ley N° 19.529?

La salud mental ha sido históricamente un área relegada dentro de los sistemas de salud, pero en Uruguay se han dado pasos importantes para garantizar el acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Esta Ley N° 19.529 busca justamente eso: asegurar que todas las personas en el país puedan recibir atención en salud mental dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, con un enfoque basado en derechos humanos.

Sobre el papel, esto suena como un gran avance. Sin embargo, cualquier ley es tan efectiva como su aplicación en la realidad. Si bien esta nueva normativa tiene aspectos positivos, también enfrenta desafíos importantes, desde la falta de profesionales en el sistema público hasta la viabilidad de los copagos para ciertos tratamientos.

Un modelo con distintas puertas de entrada

La ley organiza la atención psicológica en tres niveles, dependiendo de la complejidad del caso y de las necesidades del usuario:

• Modo 1: Intervenciones grupales gratuitas dirigidas a familiares, cuidadores y profesionales que enfrentan situaciones de alto impacto emocional.
• Modo 2: Psicoterapia individual, de pareja, familiar o grupal, con un copago y un número determinado de sesiones.
• Modo 3: Atención a personas con trastornos psiquiátricos graves o consumo problemático de sustancias, con un copago menor y posibilidad de extender el tratamiento si es necesario.

A simple vista, esta segmentación permite organizar mejor los recursos y garantizar que quienes necesitan más apoyo lo reciban. Pero, ¿qué pasa en la práctica?

1. Mayor acceso a la salud mental

Uno de los aciertos de la ley es que permite que más personas accedan a apoyo psicológico sin costo o con costos reducidos. El Modo 1, por ejemplo, ofrece espacios grupales gratuitos para familiares de personas con problemas de salud mental, docentes y trabajadores de la salud. Esto es clave, porque muchas veces quienes rodean a los pacientes también necesitan herramientas para sobrellevar la situación.

2. Atención diferenciada según la necesidad

El hecho de que haya distintos niveles de atención permite que los casos más graves reciban un tratamiento más intenso. Las personas con intentos de autoeliminación, esquizofrenia o trastorno bipolar tienen derecho a 48 sesiones al año, lo que da cierta continuidad al proceso terapéutico.

3. Un enfoque preventivo en niños y adolescentes

Otro punto positivo es que la ley no solo se centra en tratar problemas ya instalados, sino que también incorpora instancias de prevención. Hay apoyo para niños con dificultades de aprendizaje, madres con depresión posparto, adolescentes en situaciones de violencia o abandono, y docentes que enfrentan desafíos emocionales en su trabajo. Este tipo de intervenciones pueden marcar la diferencia a largo plazo.

Los puntos débiles de la Ley N° 19.529

1. El problema de los copagos

Si bien el Modo 1 es gratuito, los otros dos requieren que los usuarios paguen un copago por la atención. En el caso del Modo 3, el monto es reducido, pero sigue existiendo. Esto puede ser una barrera para quienes más necesitan el servicio. La pregunta es: ¿hasta qué punto las personas que realmente requieren tratamiento pueden costearlo?

2. ¿Alcanzan las sesiones?

La cantidad de sesiones anuales establecidas en la ley parece razonable, pero en muchos casos puede ser insuficiente. Trastornos severos o problemas de consumo de sustancias suelen requerir tratamientos más largos. Si bien hay una posibilidad de renovación, esto implica un proceso administrativo que podría generar demoras o incluso interrupciones en la terapia.

3. Falta de psicólogos en el sistema público

Este es, sin duda, uno de los mayores desafíos. Los centros de salud pagan a los psicólogos muy por debajo del arancel oficial, lo que hace que la mayoría prefiera trabajar de forma privada. Como resultado, hay pocos profesionales disponibles en el sistema público, lo que genera listas de espera largas y dificulta el acceso real a la atención. En otras palabras, la ley puede prometer atención, pero si no hay suficientes psicólogos para brindar el servicio, las personas seguirán sin recibir ayuda a tiempo.

4. Procesos administrativos que pueden retrasar la atención

En algunos casos, para acceder a la psicoterapia no alcanza con solicitarla: hay que pasar por la evaluación de un Comité de Recepción. Si bien este filtro tiene sentido para optimizar el uso de recursos, en la práctica puede generar burocracia y demoras, lo que es especialmente problemático en situaciones urgentes.

¿Es la ley N° 19.529 un avance? Sí, pero necesita ajustes

La Ley N° 19.529 es un paso importante para garantizar el acceso a la salud mental en Uruguay. No solo reconoce la importancia de la atención psicológica, sino que también establece un esquema estructurado que prioriza a quienes más lo necesitan.

Pero como ocurre con muchas normativas, su éxito dependerá de la implementación. Sin una mejora en las condiciones de trabajo para los psicólogos y una inversión en infraestructura, los tiempos de espera seguirán siendo largos y la atención seguirá siendo insuficiente. También será clave revisar los copagos para evitar que se conviertan en una barrera de acceso.

En definitiva, la intención de la ley es clara y positiva, pero para que tenga un impacto real, hay mucho trabajo por hacer en su aplicación.